Santo
Domingo
El
Tribunal Constitucional declaró que el castigo dispuesto para las infracciones
a la ley de tránsito es la multa penal, no la retención de los vehículos.
Igualmente,
consideró que el procedimiento especial para las contravenciones establecido en
el Código Procesal Penal es la detención, la toma de los datos, y mediante
formulario levantar el hecho.
Precisa
que ese formulario se utilizará como acta de acusación o requerimiento de
enjuiciamiento para presentar ante el Tribunal Especial de Tránsito al autor de
haber violado la Ley número 241.
Señaló
que el artículo 92 de la ley 241 de tránsito de vehículos de motor orienta
sobre el procedimiento a ser llevado por las autoridades respecto a la
movilización de vehículos estacionados en lugares prohibidos.
Al
examinar ese artículo, el TC explica que lo primero que procede son las
diligencias de localización del conductor para que movilice su vehículo. Agrega que en caso de
que nadie se presente, las autoridades podrán remover el vehículo a un lugar
visible desde el punto de remoción y hábil para estacionar.
Precisa
que de no hallarse un lugar para estacionar, y teniendo el cuidado necesario
para evitar daños a la propiedad, se podrá remover el vehículo a un lugar
destinado a estos fines bajo custodia del municipio, hasta tanto el
propietario, previa identificación, pague una multa ínfima al municipio (ayuntamiento)
para llevárselo. Indica que subsiguientemente, la autoridad deberá notificarle
la remoción del vehículo a la Dirección General de Impuestos Internos y a su
propietario, quien deberá hacer la reclamación dentro de los 60 días a partir
de la notificación.
Añade,
que si no hubiere reclamación, se procederá a la venta en pública subasta para
cubrir los gastos, pero el conductor
debe haber consentido la remoción del vehículo.
El
TC advierte que toda actuación al margen de lo dispuesto en esa norma se
realiza de forma ilegal, en vista de que podrían resultar violatorias a los
preceptos establecidos en la Constitución referentes al libre tránsito y a la
propiedad privada.
El
criterio del TC está contenido en la sentencia 021/15, con motivo de una acción
directa de inconstitucionalidad sometida en contra de los artículos 27, 47, 65,
y 92 de la ley 241 sobre tránsito de vehículos de motor, de fecha 28 de
diciembre de 1967.
Sin
embargo, la acción de
inconstitucionalidad fue declarada
inadmisible, por carecer de presupuesto que fundamente jurídicamente la alegada
inconstitucionalidad, y por tratarse de un asunto de mera legalidad.
Esa
acción fue presentada por el señor Juan de Jesús Javier Polanco, quien alegó la
inconstitucionalidad de la ordenanza que autoriza a la Autoridad Metropolitana
de Transporte (Amet) a retener, incautar o embargar un vehículo sin que medie
la autorización expresa de un juez.
El
accionante argumentó, además, que el 30 de agosto de 2012 fue conducido, en
calidad de detenido, por un miembro de la Amet, por supuestamente haber
cometido violaciones a la ley de tránsito, lo que entiende es una atribución
que no le compete.
Incautaciones
“factibles”
En
tanto, al analizar el artículo 27 de la
ley de tránsito que contempla los actos prohibidos, el TC señaló que las
incautaciones de un vehículo son factibles en las siguientes circunstancias: si
no tiene matrícula; si transita con una
placa que no le pertenece; si altera o
borra el número de chasis, y si exhibe una placa no prescrita por ley.
También, cuando el vehículo esté envuelto en un
accidente de tránsito en el que el conductor huyó, esto último en base al
artículo 59 de la ley de tránsito.
“Como
se desprende de la lectura del referido artículo, se remolcará el vehículo a
los fines de despejar la vía pública, y trasladarlo a un sitio adecuado para
realizar una inspección policial”, precisa el TC. Destaca que la privación no podrá pasar de 48
horas.
Wanda
Méndez
Listín
Diario
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