SANTO
DOMINGO. Personalidades, gobiernos y organismos nacionales e internacionales
gestionan que las autoridades de la República Dominicana y Haití retomen el
dialogo, iniciado tras la sentencia sobra la nacionalidad emitida por el
Tribunal Constitucional (TC), y suspendido a finales de noviembre pasado.
Así lo informó ayer una fuente, quien señaló,
además, que el gobierno mantiene abierta la posibilidad de seguir las
conversaciones con las autoridades del vecino país.
A pesar de que dicha fuente no identificó
quienes estarían propiciando el retorno al diálogo, DL supo que, asimismo, las
autoridades venezolanas y cubanas, y las Naciones Unidas estarían en esos
aprestos.
Ambos gobiernos volverían a la mesa de
negociaciones antes de finalizar este año, el cual iniciaría con un encuentro
entre los presidentes Danilo Medina y Michel Martelly.
Luego de la sentencia 168-13 del TC, emitida
en septiembre pasado, las relaciones entre el país y Haití, se han visto
afectadas, lo que obligó incluso, a que el gobierno dominicano llamara a
consulta a su embajador en Puerto Príncipe, Rubén Silié.
Diálogo
El pasado 27 noviembre, el gobierno
dominicano, a través del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunció
el rompimiento de dicho diálogo con Haití, luego de que la Comunidad del Caribe
(Caricom) suspendiera la solicitud de la República Dominicana para ingresar a
ese organismo regional.
Las conversaciones se iniciaron en Venezuela,
país que sirvió de mediador, y donde funcionarios dominicanos y haitianos
firmaron un acuerdo de entendimiento, el cual, luego fue dejado sin efecto.
Dos días después de anunciarse el rompimiento,
el presidente Danilo Medina firmó el decreto 327-13 que establece los términos
y condiciones para la regularización de los extranjeros en situación migratoria
irregular, que se encuentren radicados en el territorio de la República
Dominicana.
Una
delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) visitó
el país a solicitud del gobierno, y luego de escuchar testimonios, y recibir
denuncias, calificó la sentencia del Tribunal Constitucional de discriminatoria
y violatoria a los derechos humanos de dominicanos de ascendencia haitiana.
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